YPF, el mayor bastión de la soberanía energética de Sudamérica
Desde su creación en 1922 como primera empresa estatal petrolera del mundo, YPF representa un pilar histórico de la soberanía energética argentina. En tiempos de debates sobre su futuro, repasamos por qué sigue siendo incómoda para el liberalismo.
A comienzos de la década de 1920, un grupo de oficiales nacionalistas identificó la importancia estratégica de recuperar los recursos del subsuelo argentino. Con el apoyo del yrigoyenismo, pusieron en marcha Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa que le devolvió al pueblo argentino el oro negro de su suelo.
Fundada en 1922, YPF se convirtió en la primera empresa estatal petrolera del mundo y marcó un hito en la historia económica y política del país. Su creación no fue un mero acto administrativo: fue una respuesta soberana a la dependencia de las compañías extranjeras que hasta entonces controlaban la explotación del recurso. Hipólito Yrigoyen y el general Enrique Mosconi fueron figuras centrales en ese proceso de recuperación nacional.
A lo largo de más de un siglo, YPF ha sido mucho más que una empresa: ha representado un bastión de la soberanía energética no solo para Argentina sino para gran parte de Sudamérica. Su rol en el desarrollo industrial, en la generación de empleo y en la investigación tecnológica la posicionaron como un actor clave en la región. Durante décadas, sus políticas de precios y su integración vertical permitieron al Estado tener control sobre un recurso estratégico.
Sin embargo, esa misma centralidad la convirtió en blanco permanente de críticas desde el liberalismo económico. Para las corrientes que defienden la total apertura de mercado y la mínima intervención estatal, YPF simboliza todo lo que debe ser desmantelado: una empresa pública con capacidad de influir en la política energética nacional. Cada intento de privatización o de reducción de su peso ha sido justificado con argumentos de “eficiencia” que, en los hechos, muchas veces ocultaron la transferencia de recursos estratégicos al capital extranjero.
La historia de YPF está marcada por momentos de esplendor y también por graves crisis. La privatización de los años 90 bajo el menemismo fue uno de los capítulos más controvertidos: la empresa pasó a manos privadas y su rol soberano quedó severamente comprometido. La recuperación del control estatal en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, intentó revertir parte de ese daño, aunque el camino no estuvo exento de dificultades técnicas, financieras y políticas.
En el presente de 2026, mientras el país discute nuevamente el rol del Estado en la economía y la explotación de recursos naturales como el shale gas de Vaca Muerta, YPF sigue generando debates apasionados. Para unos, es una herramienta indispensable para garantizar el autoabastecimiento y el desarrollo nacional. Para otros, un lastre que debe ser reformado o reducido. Lo cierto es que su mera existencia molesta porque recuerda que la soberanía energética no es una abstracción ideológica, sino una política concreta que se ejerce a través de una empresa pública con capacidad de decisión.
La nota original publicada en La tinta invita a repensar esa trayectoria sin nostalgias fáciles pero con la claridad de quien entiende que los recursos del subsuelo no son solo un negocio: son parte del patrimonio común y de la capacidad de un país para definir su propio destino energético.